En la propia Seprelad funcionaba la oficina paralela montada para fraguar y filtrar información con el fin de perseguir enemigos políticos del abdismo.FOTO: ARCHIVO

 La causa penal abierta contra el expresidente Mario Abdo Benítez y sus excolaboradores contiene detalles de cómo se gestó un esquema paralelo, con el único fin de perseguir a los enemigos políticos. La asociación criminal, encabezada por Abdo y montada desde la Seprelad, se encargó de enviar a EE. UU. un informe fraguado con el objetivo de provocar sanciones contra Cartes y sus empresas.

El acta de imputación firmada por los fis­cales Aldo Cantero y Giovanni Grissetti revela un esquema de asociación crimi­nal liderado por Abdo Benítez y ejecutado por miembros de su gabinete y otros funcionarios públicos. El documento fis­cal sostiene, con un cúmulo importante de evidencias, 42 en total, que el engranaje fun­cionaba en una oficina para­lela ubicada dentro mismo de la Seprelad.

En la improvisada dependen­cia fue ubicado un personaje clave de la historia: Daniel Farías Kronawetter, funcio­nario que no pertenecía a la Seprelad, es más, se desem­peñaba como asesor de inte­ligencia financiera del Minis­terio del Interior (hasta junio de 2022) y respondía directa­mente a las órdenes de Carlos Arregui, Carmen Pereira, René Fernández y Arnaldo Giuzzio, estos eran quienes operaban el esquema de garrote político.

La pesquisa del Ministerio Público afirma, con base en elementos de prueba innega­bles, que la base del Informe de Inteligencia utilizado con­tra Cartes y sus empresas (10/2022) y luego enviado a EE. UU. fue elaborado utili­zando como base el documento secreto redactado en esa ofi­cina paralela por Daniel Farías Kronawetter y René Fernán­dez, ambos funcionarios aje­nos a la institución y sin atri­bución legal para realizar tales funciones.

Entre las evidencias que sus­tentan la tesis de la Fiscalía aparecen dos correos electró­nicos enviados por Carmen Pereira, secretaria adjunta de la Seprelad y encargada de des­pacho de la Dirección de Análi­sis Financiero y Estratégico. El primer correo fue enviado por Pereira en fecha 28 de marzo de 2022, dando instrucciones al funcionario Francisco Pereira Cohene para que el documento secreto sea utili­zado como base para el informe de inteligencia que sería luego remitido al Ministerio Público y a EE. UU.

Con esta estrategia, los cere­bros de la operación daban la fachada de “institucional” a un operativo de investigación ejecutado por personas que no pertenecían a la Seprelad y por fuera de lo que establece la ley.

El otro correo electrónico que, según la Fiscalía, incri­mina a la exviceministra Car­men Pereira fue enviado el 31 de marzo de 2022 a las 8:58. Aquí la misma daba expre­sas instrucciones para que el archivo secreto (elaborado por Farías y Fernández) sea remi­tido en carácter de informa­ción espontánea a la Unidad de Inteligencia Financiera de EE. UU. (FinCen).

En los archivos de la Dirección General de Análisis Finan­ciero y Estratégico (DGAFE) de la Seprelad quedaron regis­trados los metadatos (hue­llas digitales) del documento, gracias a lo cual el Ministerio Público pudo descubrir que el documento fue redactado por Daniel Farías Kronawetter y que la última modificación del documento fue hecha por René Fernández en fecha 26 de marzo de 2022 a las 21:58.

Los fiscales Cantero y Grissetti sostienen que en el documento enviado a FinCen, la agencia de prevención de lavado de dinero de EE. UU., se incluye­ron datos y juicios de valor que no se adecuarían a la realidad, esto es, informaciones falsas tendientes a lograr la perse­cución penal del expresidente Horacio Cartes.

En tal sentido, en el acta de imputación se sostiene lo siguiente: “En tal sentido, CARMEN MARÍA PEREIRA BOGADO, GUILLERMO PREDA GALEANO y FRAN­CISCO PEREIRA COHENE, bajo la dirección de CARLOS ARREGUI ROMERO, habrían incluido información sobre la firma Unicanal SA atribu­yéndole la compra de cigarri­llos de Tabacalera del Este. Sin embargo, la circunstan­cia apuntada en el informe de inteligencia no se adecuaría a la realidad ya que Unicanal SA no adquirió cigarrillos, sino que, conforme a las facturas emitidas por Tabesa, recibió préstamos de dinero. Por lo tanto, la actividad comercial entre ambas firmas no estuvo vinculada a las ventas de ciga­rrillos como se afirmará en el informe de inteligencia”.

La remisión por parte de la Seprelad de un informe elabo­rado por fuera de la ley y con datos falsos y tergiversados a una agencia norteamericana sin que exista pedido previo por parte de esta es un hecho agregado a la investigación fis­cal y sustentado con evidencias colectadas durante la investi­gación.

El informe enviado a EE. UU. contiene de base, según los fis­cales, el documento secreto hecho por Farías y Fernández. Esta “colaboración espontá­nea” quedó registrada en los archivos de Seprelad y fue descubierta por los fiscales del caso.

Las normas de procedimiento interno de la Seprelad estipu­lan de forma taxativa que el “contenido de los informes de inteligencia no puede ser uti­lizado como elemento proba­torio en algún procedimiento administrativo o judicial ni como material de evidencia ante los órganos jurisdic­cionales dentro de un even­tual juicio o en cualquier otra etapa de un debido pro­ceso”. Este informe remitido a EE. UU. posee el agravante de haberse hecho completa­mente por fuera de la ley.