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Después de más de 24 horas de debate, la Cámara de Diputados aprobó en general, con 140 votos positivos, el proyecto de Ley de medidas fiscales paliativas y relevantes promovido por la gestión de Javier Milei. Hubo 103 votos negativos y 6 abstenciones. A continuación, los legisladores se introdujeron en la discusión en particular de la iniciativa de 112 artículos, cuyo título VII sobre las escalas del Monotributo derivó en un cuarto intermedio de quince minutos para salvar las diferencias en este punto. Finalmente, se aprobó por 142 votos afirmativos, 104 rechazos y dos abstenciones tras incorporar una modificación consensuada con la oposición, mediante la que se determinó que los cambios en las escalas “comenzarán a regir a los 90 días a partir de su publicación en el Boletín Oficial”. Muchos legisladores de la izquierda, el kirchnerismo, el socialismo, el radicalismo y la Coalición Cívica cuestionaron la eliminación tácita del monotributo social por la actualización de las escalas del impuesto. Esto podría dejar a muchos monotributistas en riesgo de tener que abandonar el sistema simplificado para ir al más oneroso régimen impositivo general (con inscripción en IVA y Ganancias y con el pago de aportes previsionales como autónomos), aun cuando sus ingresos muy probablemente disminuyeron en términos de capacidad de compra. Terminado el receso, el diputado José Luis Espert, miembro informante del proyecto del Gobierno, anunció los cambios acordados. Tras ello, el diputado Itaí Hagman (UxP) anticipó el rechazo de su bloque pero valoró “el compromiso para que en los próximos 90 días podamos discutir una propuesta superadora de las escalas del monotributo y evitar que 1,5 millones de personas pasen a tributar más”. Previamente, se avanzó en uno de los asuntos más conflictivos, que fue la reversión del impuesto a las Ganancias, específicamente en la definición de los pisos mínimos no imponibles. No obstante, este tributo fue reinstalado por 133 avales, 113 rechazos -fundamentalmente de los legisladores patagónicos- y cuatro abstenciones. Al igual que en la Ley Bases, el Gobierno accedió a modificar varios puntos de este proyecto para acercar posiciones con los bloques de la oposición dialoguista y evitar sorpresas en el recinto. Puntualmente, aceptó actualizar semestralmente por el Índice de Precios al Consumidor (IPC) las escalas de Ganancias y el Monotributo. La administración libertaria pretendía hacerlo de manera anual, pero los legisladores aliados exigieron una mayor periodicidad en el reajuste para evitar que por el efecto inflacionario se sumen contribuyentes a pagar el tributo. Karina Milei, en uno de los palcos de la Cámara de Diputados También se consensuó un premio al buen contribuyente en la moratoria. Para las personas físicas, se pautó una reducción del 0,5% en la alícuota de Bienes Personales para 2023, 2024 y 2025; mientras que se definió una baja del 0,125% para las personas jurídicas en ese mismo período. Además de La Libertad Avanza (LLA), el paquete fiscal contó con el apoyo del bloque de Pro, así como también del grueso de los bloques de la UCR, Hacemos Coalición Federal y la Coalición Cívica. A ellos se sumaron los ocho diputados de Innovación Federal, que representan a los gobernadores de Misiones, Río Negro y Salta, y Osvaldo Llancafilo, del Movimiento Popular Neuquino (MPN). Los votos negativos los aportaron los diputados de Unión por la Patria (UxP) y de la izquierda. En tanto, los radicales Facundo Manes, Fernando Carbajal, Marcela Coli y Pablo Juliano optaron por la abstención, junto al santacruceño Sergio Acevedo (Por Santa Cruz) y Jorge Ávila (Hacemos Coalición Federal). En tanto, hubo siete ausencias: Carla Carrizo (UCR), Sergio Casas (UxP), Natalia de la Sota (Córdoba Federal), José Luis Garrido (Por Santa Cruz), Álvaro González (Pro), Roberto Mirabella (UxP) y Leopoldo Moreau (UxP). Uno de los puntos que más críticas cosechó fue el blanqueo de capitales. Tanto referentes de la izquierda y el kirchnerismo, como de la Coalición Cívica y la UCR se manifestaron en contra y denunciaron que el proyecto presenta inconsistencias en la identificación del origen del dinero, que podría provenir del crimen organizado. Carlos Heller, de UxP, cuestionó todas las características de este régimen que, según detalló, “tiene gravísimas implicancias para el lavado de activos”. “Implica a sujetos no residentes. Es extraño que estos ex residentes puedan regularizar dinero en nuestro país, ¿cómo hacemos para aplicar las reglas antilavado?”, consideró. Al mismo tiempo, criticó la divisa que se utiliza como referencia en el proyecto: “Tanto para los bienes en el país como para aquellos en el exterior el monto está expresado en dólares. Eso es un rechazo a nuestra moneda”, señaló. Por último, destacó la posibilidad de regularizar bienes registrados a nombres de terceros que está prevista en la iniciativa y dictaminó: “Es algo que excede toda lógica y es inaceptable”. Por eso, adelantó la postura de su bloque, y concluyó “El texto del proyecto y el dictamen debe ser rechazado de plano por un conjunto de razones que ya planteamos”. En la misma línea, la legisladora Marcela Campagnoli (CC) explicó su rechazo: “No podemos permitir que por un blanqueo entre dinero manchado de sangre, por eso la Coalición Cívica va a votar en contra”. En el debate por la imposición de la cuarta categoría del impuesto a las Ganancias, el primero en tomar la palabra fue el diputado rionegrino Agustín Domingo, parte del bloque Innovación Federal, quien pidió un incremento de las escalas del impuesto a las Ganancias del 22% para los trabajadores petroleros en función de que “se reconozca el costo de vida de los patagónicos”. El legislador Sergio Palazzo (UxP), quien además es el líder del sindicato de bancarios, puso el foco en el piso desde el que se comenzará a gravar a los contribuyentes con este tributo, que afecta directamente a los trabajadores del gremio que conduce. Por eso, cuestionó la quita de exenciones al gravámen, como los adicionales, los bonos por productividad, los vales alimentarios o las horas extras. “Es ficticio decir que la base imponible es $1,8 millones porque el trabajador pierde la capacidad de deducir del impuesto todos estos conceptos”, dictaminó. Romina del Plá, de la Izquierda, solicitó el retiro completo de este título. “Trabajadores docentes, médicos y aquellos que trabajan en actividades que tienen desarraigo van a pasar a pagar este impuesto. El salario es para pagar los alimentos”, sentenció antes de anticipar su rechazo. Uno de los discursos más encendidos fue el del diputado chubutense y gremialista petrolero, Jorge “Loma” Ávila (Hacemos Coalición Federal), quien rechazó la reimposición del impuesto a las Ganancias. “Los trabajadores petroleros trabajamos 12 horas por día y somos los que más tributamos. Acá parece que no ven lo que los trabajadores sufrimos en el campo. La operación petrolera no tiene parate, piden más producción con menos gente”, indicó Ávila, mientras que observó: “El Presidente votó que este impuesto no se pague cuando estaba acá”. Por último, mandó una advertencia a la administración libertaria: “Van a terminar con a paz social en los pozos petroleros”. Entre los puntos más importantes del paquete fiscal figuran: |
