La configuración de la política económica de “motosierra” del presidente argentino, Javier Milei, arrancó esta semana con la amplia aprobación en la Cámara Baja del Congreso del proyecto de la llamada “Ley Ómnibus”, también conocida por su nombre formal como Ley de Bases: “Es un paso fundamental para sacar a la Argentina del pantano”, destacó Milei en las redes sociales. El proyecto de Ley de Bases tiene diez títulos que suman 25 capítulos.

Milei insistió en que, con las nuevas condiciones, Argentina está “cada vez más cerca” de firmar el Pacto de Mayo con las provincias en Córdoba el 25 de mayo. La Cámara estuvo revisando cada capítulo en particular del proyecto durante la sesión del martes, con resultados positivos en cada caso para la administración libertaria. “Quiero agradecer la enorme tarea de todos los diputados que, entendiendo el momento histórico, decidieron apoyar nuestro proyecto”, posteó el Presidente.

Luego de un intento fallido, la segunda versión del proyecto fue aprobada cerca de las 9 de la mañana del martes con 142 votos afirmativos y 106 en contra, en lo que fue considerado como la primera victoria parlamentaria del gobierno de Milei.

“El pueblo argentino requiere representantes dispuestos a terminar con los privilegios de la casta y la república corporativa, en pos del futuro y el desarrollo de la Patria. La regencia de los protectores del statu quo terminó el 10 de diciembre. Es hora de que quienes estén dispuestos a poner el cuerpo nos reinserten en el camino de la grandeza que un día nos llevó a ser un país próspero”, señaló la Presidencia en un comunicado.

“Los argentinos que viven de su trabajo, los que dedican su esfuerzo al estudio y al progreso, los que anhelan un futuro promisorio para sus descendientes y las generaciones venideras, esperan que la grandeza que hoy se ve en la Cámara de Diputados se reproduzca pronto en el Senado de la Nación. Los representantes de las provincias tienen ahora la responsabilidad histórica de establecer un verdadero régimen federal que devuelva la dignidad y la libertad a sus pueblos, encauzando nuevamente al país por la senda de la prosperidad que conduzca al resurgimiento de la República Argentina como potencia mundial”, prosiguió el documento.

Por 134 votos a favor, 117 en contra y una abstención, La Libertad Avanza (LLA) obtuvo la declaración de ”emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por el término de un (1) año“.

También se aprobó un paquete fiscal que incluye modificaciones a la legislación vigente aplicable a temas como el impuesto a las ganancias, bienes personales y el régimen de monotributo. También se aprobó una nueva ley de blanqueo de capitales y la reforma laboral de Milei, que incluye una agencia de empleo gestionada por los sindicatos bajo el título de ”modernización laboral”.

La medida se incluyó inicialmente en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023 del año pasado. También prevé la ampliación de los periodos de prueba de tres a seis meses y permite que los convenios colectivos los extiendan hasta ocho meses o un año, según el tamaño de la empresa, en un intento por evitar las indemnizaciones por despido que suelen disuadir a los empresarios de contratar más trabajadores.

La norma también crea un “fondo de indemnizaciones” para cubrir los gastos de despido cuando los empresarios despidan a alguien sin causa justificada y permite a los empresarios autónomos contratar los servicios de otros “trabajadores independientes” para tareas productivas sin que ello genere una situación de pleno empleo que daría derecho a los trabajadores a percibir indemnizaciones por despido.

El proyecto de ley permite reprogramar las bajas por embarazo para que comiencen 10 días antes del parto, de modo que los 80 días restantes puedan disfrutarse tras el alumbramiento, y eleva las indemnizaciones por despido a los despidos derivados de decisiones discriminatorias.

Quienes se opusieron a la medida argumentaron que la reforma suponía una “quita de derechos” a los trabajadores que conllevaría una “precarización laboral” y en ningún caso suprimiría las acciones legales contra los empresarios.

El capítulo relativo a la reforma del Estado fue aprobado con 135 votos afirmativos, 112 negativos y 2 abstenciones. Prevé la privatización de Nucleoeléctrica Argentina Sociedad Anónima, Yacimientos Carboníferos Río Turbio, Aerolíneas Argentinas, Energía Argentina, Radio y Televisión Argentina e Intercargo S.A.U., AySA, el Correo Oficial, Belgrano Cargas, Sociedad Operadora Ferroviaria y Corredores Viales.